Intendente de la región de Los Lagos aclara pago de bono de marea roja a funcionarios públicos



A través de un comunicado, el Intendente Leonardo de la Prida se refirió al pago de bonos por la crisis de la Marea Roja a funcionarios públicos durante 2016, “primero hay que aclarar que no hay aquí ningún funcionario público que haya pedido que se le entregara este beneficio. No es que aquí se haya hecho una adulteración de algún documento o que haya recibido de alguna manera dolosa o de alguna manera fraudulenta, señala la autoridad.


Aquí lo que ocurre es que nosotros entregamos aportes a 6.754 beneficiarios y estamos hablando de 11 beneficiarios que además de haber revestido las características de  tener Registro Pesquero Artesanal tuvieron en algún momento cuando recibieron los pagos la calidad de funcionario públicos, municipales o de alguna entidad pública” menciona De la Prida.

Además,  explicó la manera en que se otorgaron los bonos, “lo que ocurre acá cuando aparece la emergencia debimos decidir cómo llegábamos a las personas, cómo las ayudábamos. Lo que teníamos que hacer era determinar grupos o universos de personas beneficiarias y apareció que lo lógico era partir por las personas más afectadas que eran los pescadores artesanales, los que están inscritos en el registro pesquero artesanal.

Estas 11 personas que se les pagó estaban inscritas en el registro pesquero artesanal y por lo mismo formaron parte del grupo de pago establecido en un procedimiento que también es conocido por la Contraloría. Un procedimiento en el cual Sernapesca entrega una nómina por las comunas afectadas por marea roja y que tuvieran captura de productos bentónicos. También se determinó que había que hacer filtros. Se enviaba al ministerio del Trabajo la información para determinar las personas que tenían registro de pago de cotizaciones previsionales. Lo que ocurre es que las cotizaciones previsionales dependen también de los empleadores en algunos casos y también depende de que se van pagando de forma diferenciada” indicó.


“Dentro del contexto de 6700 pagos y correspondiente al 0,16% de los pagos totales hubo efectivamente 11 personas que en alguno de los pagos revistieron la calidad de funcionarios públicos. Quiero aclarar, no son funcionarios de intendencia ni del gobierno regional, sino que son personas que viviendo en las zonas afectadas en algún momento optaron por un cargo ya sea una municipalidad o en alguna otra entidad fiscal”, aclaró.
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